La pregunta que queda entonces es por qué recurrir siquiera a la religión si en realidad no se espera nada de ella, no Verdad, no Salvación. Para socializar, existen opciones mucho mejores.

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El 26 de junio, la “Religious Liberty Commission” nombrada por Donald Trump entregó en el Despacho Oval un borrador de informe de 224 páginas. El mensaje que desde entonces circula por los medios estadounidenses es que la separación entre Iglesia y Estado sería un “error jurídico”. Doce recomendaciones pretenden corregir este supuesto error, desde la eliminación de la Enmienda Johnson —la norma fiscal que prohíbe a las iglesias apoyar oficialmente a un candidato político— hasta el derecho a la reincorporación de soldados que rechazaron la vacuna contra la COVID por supuestas razones de fe.

Lo que llama la atención al observarlo más de cerca es que casi ninguna de estas demandas puede derivarse realmente de una Escritura sagrada.

¿Dónde está la teología?

Quien espere encontrar en el informe referencias sólidas a textos bíblicos, coránicos u otros textos religiosos que, por ejemplo, prescriban el rechazo a las vacunas o exijan la oración en las escuelas públicas, quedará decepcionado. Al contrario, el propio Nuevo Testamento advierte explícitamente en el Sermón del Monte contra la oración pública ostentosa y recomienda en su lugar la oración silenciosa. De un escepticismo frente a las vacunas basado en la Biblia ni siquiera se habla.

Lo que el informe ofrece en cambio es un argumento jurídico-político —un argumento pseudorreligioso. Para entenderlo, se necesita algo de contexto sobre la Constitución de Estados Unidos: la Primera Enmienda (1791) garantiza, entre otras cosas, la libertad religiosa y prohíbe al Estado establecer una religión oficial. Sin embargo, a diferencia de muchos sistemas jurídicos europeos, la Constitución estadounidense no contiene ninguna frase que mencione literalmente una “separación entre Iglesia y Estado”. Esta formulación proviene de Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, quien en 1802 —once años después de la Primera Enmienda y durante su propio mandato— escribió en una carta privada a una comunidad bautista en Danbury (Connecticut) que la enmienda erigía un “muro de separación entre Iglesia y Estado”.

Esta carta fue inicialmente un escrito político sin fuerza legal. No fue hasta unos 150 años después, en las décadas de 1940 y 1950, cuando el Tribunal Supremo retomó esta formulación en varias sentencias fundamentales y la convirtió en la metáfora central para interpretar la libertad religiosa. Desde entonces, la imagen del “muro” se considera en Estados Unidos una fórmula abreviada de un principio estricto de separación, similar a cómo en Europa se habla de manera general de “separación entre Iglesia y Estado”, aunque los sistemas europeos (con impuestos eclesiásticos, enseñanza religiosa, concordatos) tampoco conocen una separación completa.

La comisión utiliza ahora precisamente este dato histórico —que la formulación del “muro” no proviene directamente del texto constitucional, sino de una cita judicial posterior de una carta privada— como palanca: si el concepto mismo es una interpretación judicial posterior y no el texto original, entonces esa interpretación también podría flexibilizarse o redefinirse. Desde el punto de vista jurídico, este es un punto de debate legítimo sobre la interpretación constitucional, comparable a discusiones en Europa sobre hasta qué punto un derecho fundamental puede interpretarse más allá de su tenor literal. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la cuestión de qué exige una religión —como el Cristianismo, el Islam o el Judaísmo— a sus fieles. Es un conflicto sobre el alcance de un principio constitucional, que se disfraza de religioso, pero que en esencia es un debate de derecho público, no teológico.

“Sinceridad” en lugar de Escritura

Así, el informe no es un caso aislado, sino que sigue un patrón establecido desde hace décadas en la práctica jurídica estadounidense: los tribunales no examinan si un texto religioso prescribe algo literalmente, sino si una creencia es sincera (“sincere”) para la persona afectada. Esta interpretación deliberadamente amplia fue originalmente un mecanismo de protección: el Estado no debía convertirse en juez de la “teología correcta”.

Sin embargo, esta falsa generosidad mal entendida puede instrumentalizarse fácilmente. Si prácticamente cualquier preferencia política —aborto, escepticismo frente a las vacunas, rechazo de leyes de igualdad, oposición a programas de diversidad— puede declararse a posteriori como “convicción religiosa”, la frontera entre fe auténtica y estrategia política que se sirve del lenguaje religioso se vuelve difusa.

Nacionalismo cristiano en lugar de Cristianismo

Los estudiosos de la religión tienen desde hace tiempo un término para esto: nacionalismo cristiano. Se refiere a una ideología política que utiliza simbología y retórica cristianas para un programa esencialmente conservador, sin que este programa se derive de una sustancia teológica. La selección de temas de la comisión respalda esta interpretación: resistencia a la vacunación obligatoria, cuestiones de género en las escuelas, la eliminación de la Enmienda Johnson; todos estos son temas centrales de la derecha política en Estados Unidos, no de ninguna comunidad religiosa en particular.

También resulta llamativo lo que falta en el informe: los críticos señalan que la discriminación antimusulmana apenas recibe atención y que las audiencias abordaron el antisemitismo de derecha mucho menos que el de izquierda. Una comisión que realmente quisiera servir por igual a todas las religiones difícilmente permitiría tal desequilibrio.

El diagnóstico —sobriamente considerado—

Se trata de un programa político que recurre a justificaciones religiosas cuando le conviene y las omite cuando no encajan. El vocabulario es religioso. La agenda no lo es. Un populismo.

La posición contraria

En justicia, hay que señalar que la propia comisión rechazaría esta acusación. Desde su perspectiva, no se trata de teología, sino de casos documentados: una maestra que tuvo que retirar una cruz de su escritorio; un soldado que, tres años antes de tener derecho a pensión, perdió sus beneficios por rechazar la vacuna por supuestas razones de fe. Desde este punto de vista, la cuestión de si una convicción está prescrita por la Biblia sería la pregunta equivocada; lo decisivo es únicamente si alguien ha sido perjudicado por su fe sincera, sea cual sea. Este es también el criterio que el Tribunal Supremo ha aplicado cada vez más en los últimos años, por ejemplo en sentencias sobre la oración pública de entrenadores deportivos o las exenciones religiosas en la educación escolar. Quien aquí hable de “invención” podría escuchar como respuesta: la religión evoluciona, como siempre lo ha hecho, y el derecho la sigue, no al revés. La pregunta que queda entonces es por qué recurrir siquiera a la religión si en realidad no se espera nada de ella. Para socializar, existen opciones mucho mejores.

Finalmente, cabe mencionar que el Cristianismo en general no se encuentra en una mejor situación. Muchos Cristianos creen que, simplemente porque su institución es antigua, tan antigua como el Vaticano, contiene la Biblia. ¡Menuda sinceridad la de la fe europea!

Por Okay Altinisik | 29-6-2026, 1:21:43