La sentencia marca un profundo hito en la política exterior de los EE.UU. La política coercitiva vuelve a convertirse en una diplomacia negociable, enmarcada en tribunales, parlamentos y procedimientos.

Este instrumento resultó particularmente eficaz porque afectó directamente a los países dependientes de las exportaciones y porque en algunos países, los aranceles eran prácticamente la única palanca disponible para Estados Unidos.

Actualización del 23 de febrero de 2026: El Parlamento Europeo ha suspendido formalmente la aplicación del acuerdo aduanero entre EE. UU. y la UE debido a los nuevos, temporales y drásticamente reducidos, aranceles del 15 % anunciados por Trump, según informó el presidente del Comité de Comercio, Bernd Lange (SPD).

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. suspenderá la aplicación de los aranceles, declarados inválidos por el Tribunal Supremo, a partir del martes. Todos los aranceles impuestos por el presidente Trump en virtud de la Ley de Medidas de Emergencia (IEEPA) serán cancelados, declaró la agencia.

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Washington — Por seis votos contra tres, el Tribunal Supremo dictaminó que Trump excedió sus competencias constitucionales al imponer muchos de sus aranceles. Trump se había amparado en una ley de emergencia de 1977 — la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) — pero el tribunal sostuvo que solo el Congreso tiene autoridad para imponer impuestos y aranceles a gran escala.

La demanda no fue impulsada por gobiernos extranjeros, sino principalmente por la propia economía estadounidense. Grandes empresas importadoras y comerciales, asociaciones industriales y varios estados de EE. UU. iniciaron la acción legal, alegando que los amplios aranceles de emergencia y globales les habían causado un daño directo. Entre los demandantes había consorcios del comercio minorista, la industria manufacturera, las cadenas de suministro automotriz y de maquinaria, así como empresas de logística y del sector químico. Argumentaron que el gobierno había utilizado los aranceles como un sustituto de los impuestos, sin la aprobación del Congreso. Varios casos se agruparon ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. y finalmente llegaron al Tribunal Supremo. Resulta llamativo que los gobiernos extranjeros evitaran actuar como demandantes, confiando en la iniciativa de las empresas estadounidenses para evitar una escalada diplomática y dejando a la justicia estadounidense la tarea de redefinir los límites del poder comercial presidencial.

La sentencia contra elementos centrales de los aranceles de emergencia y globales impuestos por Donald Trump marca un profundo punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos. Lo que hasta ahora había sido un instrumento de presión rápido y eficaz ha quedado jurídicamente desmantelado. La pregunta clave es cuánto de la proyección de poder exterior de Trump sobrevive sin los aranceles — y quién sale beneficiado.

Los aranceles como instrumento central de política exterior

Para Trump, los aranceles eran mucho más que una herramienta comercial. Funcionaban como un instrumento universal de presión, aplicable tanto a aliados como a adversarios, a menudo sin el consentimiento del Congreso. Migración, lucha contra las drogas, compromisos de seguridad o lealtad política se vincularon repetidamente a la amenaza de fuertes aranceles punitivos.

Este instrumento fue especialmente eficaz porque podía aplicarse rápidamente mediante decisiones ejecutivas, afectaba de inmediato a economías dependientes de las exportaciones y forzaba concesiones políticas en cuestión de días.

Precisamente esta práctica ha sido declarada ahora inconstitucional en aspectos clave.

Quién se beneficia del fin de esta herramienta

La eliminación de las amenazas arancelarias generalizadas beneficia sobre todo a países para los que Estados Unidos carece de otros instrumentos de presión.

Colombia aparece como uno de los grandes beneficiados. El país había sido objeto de amenazas arancelarias directas para obligarlo a aceptar migrantes deportados. Sin la posibilidad de imponer sanciones comerciales inmediatas, Washington pierde su palanca más eficaz.

México y Canadá también resultan claramente aliviados. La migración y la seguridad fronteriza ya no pueden vincularse a castigos comerciales inmediatos. La presión política sigue siendo posible, pero es más lenta, requiere negociación y es jurídicamente vulnerable.

En Europa, la sentencia afecta principalmente a la Unión Europea. Los llamados “aranceles de reciprocidad” contra países como Alemania, Francia o los Países Bajos pierden su fuerza intimidatoria inmediata. En su lugar, vuelven a primer plano los procedimientos de la OMC, las negociaciones y los procesos parlamentarios.

Aún mayor es el alivio para países exportadores del sur y sudeste asiático — como Vietnam, Bangladesh o Camboya — para los que los aranceles eran prácticamente el único instrumento estadounidense.

China sigue siendo una excepción. Washington conserva un arsenal más amplio de restricciones tecnológicas, sanciones y presión en materia de seguridad. Sin embargo, incluso frente a Pekín, ha desaparecido el botón de escalada rápida.

La pregunta de los miles de millones: ¿debe EE. UU. devolver los ingresos arancelarios?

La sentencia pone en el centro una cuestión financiera delicada. Según estimaciones, Estados Unidos recaudó entre 150.000 y 200.000 millones de dólares bajo los regímenes arancelarios ahora anulados.

No existe, sin embargo, una devolución automática. El Tribunal Supremo declaró la ilegalidad de las medidas, pero no ordenó reembolsos. La decisión queda así repartida entre varios niveles:

Los tribunales — en particular el Tribunal de Comercio Internacional — deciden si los demandantes individuales tienen derecho a un reembolso.

El Departamento del Tesoro solo paga si una sentencia o una ley lo obliga.

El Congreso controla en última instancia los fondos y podría autorizar, limitar o prohibir reembolsos mediante legislación.

Se consideran realistas reembolsos parciales a las empresas demandantes por un valor de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares. Una devolución generalizada a todos los afectados se considera muy poco probable, debido al impacto presupuestario y al peligro de sentar un precedente.

Política exterior sin acelerador

En el balance general, el fin del arma arancelaria priva a la política exterior de Trump de velocidad, capacidad de coerción e independencia del Congreso.

Lo que queda son instrumentos clásicos de poder: fuerzas armadas, sanciones y presión política bilateral. Sin embargo, estos actúan de forma más selectiva, más lenta y con un alcance mucho menos universal.

Conclusión

La sentencia no pone fin a la política exterior de “America First”, pero la frena. La coerción económica rápida deja paso nuevamente a una diplomacia negociable, integrada en tribunales, parlamentos y procedimientos.

Dicho sin rodeos: el arma arancelaria era el multiplicador. Sin ella, la política exterior de Trump se reduce a su tamaño normal — ruidosa, confrontacional, pero mucho menos decisiva.

Por Okay Altinisik | 20-2-2026, 19:31:24 (actualizado el 23-2-2026, 16:57:32)