Viena/Graz/Oldenburg, 11 de junio de 2026 — Dos acontecimientos, separados por mil kilómetros, plantean la misma pregunta: ¿a quién pertenece la Verdad sobre el sufrimiento de los animales — al legislador, al lobby agrícola o a la opinión pública?

El 9 de junio de 2026, el Tribunal Superior Regional de Oldenburg dictaminó que los activistas Anna Schubert y Hendrik Haßel son responsables y deben pagar una indemnización al matadero Brand Qualitätsfleisch. Imagen: Instagram/schlachthofprozess

La ley austriaca de encubrimiento del maltrato animal

Con los votos del ÖVP y de Los Verdes, el Consejo Nacional aprobó en julio de 2024 una amplia reforma de la Ley de Protección Animal, que introduce sobre todo un endurecimiento de la prohibición de la cría con rasgos patológicos en animales de compañía. Sobre el papel suena progresista. En la práctica, sin embargo, las organizaciones de bienestar animal ahora tienen aún más trabajo por hacer.

La razón está en lo que la ley omite deliberadamente. La oposición criticó especialmente que los animales de producción no estén incluidos en las nuevas disposiciones — y que se sigue ignorando la necesidad de tomar medidas con respecto a la instalación de suelos de slat integral en las granjas porcinas, así como en el transporte de animales.

En otras palabras: quien críe un bulldog con problemas respiratorios se arriesgará en el futuro a una sanción. Pero quien mantenga a millones de cerdos sobre suelos de rejilla de hormigón seguirá disfrutando de protección legal — y de forma explícita. Sigue pendiente una solución respecto a la prohibición de estos suelos en la cría de cerdos, aunque el Tribunal Constitucional ya ha considerado injustificado el largo período transitorio hasta 2040.

Se trata de una lógica que los defensores de los animales denuncian desde hace años: el sufrimiento de los animales de compañía genera indignación pública y, con ello, votos. El sufrimiento de los animales de producción genera carne y, con ello, dinero de lobby.

Estiria: el SPÖ como facilitador

A comienzos de junio de 2026 ocurrió en el parlamento regional de Estiria algo que dejó sin palabras incluso a activistas experimentados. El parlamento de ese estado federado — donde, tras Alta Austria, se concentra el segundo mayor número de explotaciones industriales con suelos de slat integral y donde se crían más de 730.000 cerdos, de los cuales solo un cinco por ciento ha visto alguna vez paja, y donde 1.025 explotaciones tuvieron que ser denunciadas por el VGT por ignorar simplemente la ley — aprobó, con los votos del ÖVP, FPÖ y SPÖ, una resolución que insta al gobierno federal a criminalizar a quienes destapan irregularidades y a encarcelarlos.

El presidente del VGT, Martin Balluch, reaccionó con indignación: «Esto roza ya niveles propios de Putin. Que el ÖVP participara era, por desgracia, previsible. Pero que también el SPÖ actúe aquí como facilitador de la criminalización de un trabajo esencial de protección animal es decepcionante y una vergüenza».

La lógica es perversa, pero clara: en lugar de obligar a las granjas porcinas a cumplir la legislación vigente, se pretende enviar a prisión a quienes señalan esas infracciones. Se protege a los infractores; se responsabiliza a quienes los denuncian.

El SPÖ, que gusta de presentarse como el partido de los débiles, se ha vuelto a situar, tras la prohibición del velo para escolares, del lado de los opresores.

Oldenburg: una sentencia con efecto de alcance

En la primavera de 2024, activistas de la organización Animal Rights Watch (ARIWA) accedieron al matadero Brand en Lohne (distrito de Vechta) e instalaron cámaras ocultas en el sistema de aturdimiento con CO₂. Los vídeos causaron gran impacto porque los cerdos muestran fuertes reacciones de defensa durante varios segundos con este método.

El 9 de junio de 2026, el Tribunal Superior Regional de Oldenburg dictaminó que los activistas Anna Schubert y Hendrik Haßel son responsables y deben pagar una indemnización al matadero Brand Qualitätsfleisch. Con ello, el tribunal confirmó en lo esencial la sentencia de la instancia anterior y reforzó los derechos de los operadores de mataderos frente a los activistas.

La fundamentación jurídica es llamativa: el aturdimiento con CO₂ está reconocido por el legislador y, por tanto, debe aceptarse en principio. Además, quien considere haber detectado infracciones en materia de bienestar animal debe dirigirse a las autoridades competentes de supervisión o persecución penal.

El tribunal remite así a los activistas a las mismas autoridades que han autorizado durante décadas aquello que ellos documentaron.

El tribunal no admitió recurso. A los activistas les queda, en teoría, la posibilidad de presentar un recurso de no admisión ante el Tribunal Supremo Federal y, en caso de poder alegar una vulneración de derechos fundamentales, acudir al Tribunal Constitucional Federal — un camino arduo que puede prolongarse durante años.

Los críticos lo resumen de forma clara: el aturdimiento con CO₂ solo es legal porque el público está excluido. Como nadie conoce las imágenes, el lobby impide un debate informado.

Dos países, un mismo método

Austria prohíbe mostrar animales con rasgos de cría cruel con fines publicitarios — pero protege a la industria que mantiene diariamente a millones de animales de producción en condiciones que ningún propietario de mascotas toleraría. Alemania protege el derecho de personalidad empresarial de un matadero por encima del derecho del público a saber cómo se produjo su schnitzel. Y Estiria decide, con el apoyo de varios partidos, que la Verdad debe convertirse en delito.

Conclusión: están creando denunciantes

Quien penaliza la Verdad no la elimina — la empuja a la clandestinidad. Y la clandestinidad tiene sus propios métodos probados: el principio del denunciante. Anónimo frente al público, pero no frente a la prensa. Verificado, documentado, publicado — sin que ningún tribunal llegue jamás a conocer un nombre.

Las decisiones de Graz y la sentencia de Oldenburg no producirán, por tanto, menos imágenes de mataderos. Producirán más denunciantes. Más profesionales. Más difíciles de atacar. Y con respaldo internacional.

Actúe ahora: firme la petición

El lobby agrícola quiere criminalizar y sancionar la revelación del maltrato animal y la protesta de la sociedad civil ante las granjas industriales mediante una ley de encubrimiento del maltrato animal. Esto debe impedirse en interés de los animales y de las personas que no pueden mirar hacia otro lado. Estas dos asociaciones están luchando en contra de ello y necesitan tu apoyo.

Firme las peticiones: www.vgt.at/de/petitionen/tierqualvertuschungsgesetz / www.schlachthofprozess.org

Por Okay Altinisik | 12-6-2026, 9:50:34