Dos prohibiciones, dos sistemas, una lógica: el Estado interviene en el refugio más privado del ser humano—y el público guarda silencio.

En el fondo, ambas prohibiciones se basan en la misma presunción: que una institución humana—ya sea un régimen revolucionario o una burocracia—reclama el derecho de separarnos de la Creación de Dios.

En junio de 2025, las autoridades iraníes ampliaron la prohibición de pasear perros en público, vigente en Teherán desde 2019, a al menos 18 ciudades adicionales, entre ellas Isfahán, Kermán e Ilam. Como justificación, el periódico estatal Iran citó la protección del “orden público, la higiene y la seguridad”. Los vehículos en los que se transportan perros pueden, desde entonces, ser confiscados por hasta tres meses. Se instó a los arrendadores a no alquilar sus viviendas a propietarios de perros o gatos.

Y entonces la Comisión Europea actualizó su lista de la Unión de especies exóticas invasoras. En ella se incluyen más de 40 especies vegetales que ya no pueden ser introducidas, comercializadas, cultivadas ni liberadas en la naturaleza en ningún Estado miembro de la UE. Quien infrinja esto se arriesga, según la Ley Federal alemana de Conservación de la Naturaleza, a multas de hasta 50.000 euros. Entre las especies afectadas se encuentran, entre otras, la hierba nudosa japonés, la lechuga de agua y plantas ornamentales populares de los centros de jardinería.

Dos justificaciones, una estructura

Las justificaciones difícilmente podrían ser más diferentes. En Irán, el perro está codificado de forma pseudo-religiosa: desde la Revolución Islámica de 1979, es considerado por muchos clérigos como ritualmente impuro. El entonces jefe de policía, el general Ahmadi Moghadam, lo expresó con claridad en 2011: “Somos una sociedad islámica, y los perros son animales impuros. No deben aparecer en el paisaje urbano”. Desde entonces, el régimen intenta frenar por vía legislativa la creciente tendencia a la tenencia de mascotas—especialmente entre los jóvenes urbanos.

En la UE, el lenguaje es diferente, pero la estructura comparable: biodiversidad, estabilidad de los ecosistemas, obligación de prevención. El Reglamento n.º 1143/2014 y sus actos sucesores están fundamentados en hechos—las especies invasoras como el knotweed japonés causan daños ecológicos comprobables. Sin embargo, la lista se amplía continuamente, los plazos transitorios son estrechos y la comunicación hacia los jardineros aficionados apenas tiene lugar. El consumidor medio suele enterarse de una prohibición solo cuando ya está afectado.

Sin fundamento coránico

La justificación religiosa de la prohibición no resiste un examen del Texto sagrado. En el Corán, el perro no es en absoluto considerado un animal impuro. Al contrario: en la Sura Al-Kahf (La Cueva), la Sura 18, un perro comparte la cueva con los jóvenes piadosos—duerme con ellos, es mencionado junto a ellos, pertenece a ellos. El Corán no lo menciona como defecto, sino como compañero. La clasificación del perro como ritualmente impuro no procede del propio Corán, sino de determinadas tradiciones de hadices—atribuciones fabricadas adscritas al Profeta—y de su interpretación por escuelas jurídicas conservadoras, una interpretación que hasta hoy sigue siendo controvertida entre los eruditos musulmanes. Que el régimen iraní eleve esta interpretación a razón de Estado tiene, por tanto, menos que ver con el Islam que con el control. El verdadero subtexto de la prohibición es otro, y las autoridades lo expresan a veces abiertamente: las mascotas, especialmente los perros en apartamentos urbanos, son consideradas signos de un estilo de vida occidental. La prohibición no es una ley de protección animal ni un mandato religioso—es política cultural.

El silencio es el verdadero problema

Ambas medidas atravesaron en gran medida sin comentarios el discurso público. La prohibición iraní de los perros fue brevemente registrada a nivel internacional—como una curiosidad, como otro signo de un régimen autoritario—y luego volvió a desaparecer. La lista de plantas de la UE aparece, si acaso, en revistas de jardinería, no en editoriales políticos.

Esto es notable. Pues en ambos casos el Estado interviene en ámbitos que comúnmente se consideran privados: el animal en la sala de estar, la planta en el jardín. La cuestión de quién puede decidir sobre ello—el Estado o el individuo—es una cuestión política fundamental. Aquí no se plantea.

En el caso de Irán, el silencio aún puede explicarse por la distancia geopolítica: otro sistema, otras reglas. Sin embargo, esta explicación es insuficiente. Detrás de la prohibición hay personas que, sin embargo, siguen paseando a sus perros—porque el régimen no aplica de manera consecuente sus propias leyes, según informan medios occidentales. El silencio del público internacional no cambia nada en la situación de estas personas.

En el caso de la UE, el silencio es más difícil de justificar. El reglamento se aplica en los 27 Estados miembros. Afecta a millones de jardineros aficionados. Prevé sanciones considerables. Y, sin embargo: ningún debate público, ninguna confrontación parlamentaria de peso, ninguna campaña de las asociaciones afectadas que trascienda las revistas especializadas.

Cuando la burocracia neutraliza la resistencia

La diferencia entre la prohibición iraní y la europea no radica solo en la justificación, sino también en la forma. Teherán emite órdenes policiales. Bruselas publica reglamentos de ejecución con períodos transitorios y cláusulas de excepción.

Esta forma no es neutral. Es despolitizadora. Una orden policial provoca—nombra una autoridad frente a la cual uno puede posicionarse. Un reglamento de ejecución para la “actualización de la lista de la Unión de especies exóticas invasoras de importancia para la Unión” no lo hace. Se disuelve en lenguaje administrativo antes de que pueda surgir indignación. Cuanto más técnico es el lenguaje, menor es la protesta.

Lo que conecta a ambos

Sería erróneo meter a Irán y a la UE en el mismo saco. Los sistemas son fundamentalmente distintos; la proporcionalidad de las intervenciones no es comparable; la posibilidad de oponerse a ellas aún menos.

Lo que comparten es el mecanismo de la reacción pública—o más precisamente: su ausencia. En ambos casos se adoptó una medida que interviene en la vida cotidiana de millones de personas. En ambos casos no hubo un debate público amplio. En ambos casos la prohibición se normalizó antes de ser siquiera discutida.

Ese es el verdadero tema: no la prohibición, sino el silencio posterior.

Ninguna vida es ilegal

En el fondo, ambas prohibiciones se basan en la misma presunción: que una institución humana—ya sea un régimen revolucionario o una burocracia—reclama el derecho de separarnos de la Creación de Dios. El perro, la planta, el animal—no fueron creados por parlamentos y no están a su disposición. Quien declara ilegal a un ser vivo se declara implícitamente más poderoso que Quien lo creó. Esto es una hybris tanto teológica como política. Ninguna ley en el mundo puede convertir una planta en ilícita. Ningún decreto puede declarar a un perro una amenaza para el orden público sin ridiculizar el orden que es más antiguo que cualquier Estado. Ninguna vida es ilegal—y ningún ser humano tiene el derecho de declararlo así. Solo Dios, el Creador, tiene autoridad sobre Su Creación. Todo lo demás es política de poder pecaminosa, contra la cual la Escritura sagrada advierte expresamente.

Por Okay Altinisik | 3-6-2026, 10:37:23