Madrid – A finales de enero de 2026, el Gobierno español aprobó un decreto extraordinario destinado a conceder permisos de residencia y trabajo a cientos de miles de migrantes que viven de forma irregular en España. La medida es considerada una de las mayores regularizaciones en Europa en los últimos años y ha provocado un intenso debate político tanto a nivel nacional como internacional.

El decreto tiene por objeto sacar a 500 000 personas de la economía sumergida, mejorar su seguridad social y paliar la escasez de mano de obra. Imagen: Joseph Molieri/Bread of the World

Según el Ejecutivo, el decreto se aplica a las personas que puedan demostrar que residían en España como muy tarde el 31 de diciembre de 2025, que acrediten varios meses de estancia y que no tengan antecedentes penales graves. El proceso de solicitud está previsto para la primavera de 2026 y será de duración limitada.

Hasta 500.000 personas podrían beneficiarse

Medios de comunicación e institutos de investigación estiman que alrededor de 500.000 migrantes podrían beneficiarse de la medida. A comienzos de 2025 se calculaba que unas 840.000 personas sin estatus legal regular vivían en España. Durante el proceso de solicitud, se suspenderán los procedimientos de expulsión en curso.

Los solicitantes que resulten aprobados recibirán inicialmente un permiso de residencia de un año, junto con una autorización de trabajo sin restricciones válida en todas las regiones y sectores del país. El objetivo es sacar a las personas de la economía sumergida, mejorar su protección social y hacer frente a la escasez de mano de obra en varios sectores económicos.

Origen: mayoritariamente América Latina

Una característica clave de la migración irregular en España es su origen. Según las estimaciones, alrededor de nueve de cada diez migrantes afectados proceden de América Latina. Los grupos más numerosos provienen de Colombia, Perú y Honduras, junto con otros países de América Central y del Sur. Factores como el idioma común, los vínculos históricos y las redes sociales ya establecidas desempeñan un papel fundamental.

Los migrantes procedentes de África, por ejemplo de Marruecos o Argelia, así como de Asia y Europa, representan una proporción significativamente menor. El decreto no se dirige a los recién llegados, sino a personas que ya llevan tiempo viviendo en España.

Controversia política

El Gobierno defiende la medida como humana, económicamente necesaria y políticamente pragmática. España se enfrenta a retos demográficos y necesita urgentemente trabajadores, especialmente en los sectores de los cuidados, la construcción, la agricultura y los servicios. Además, el decreto responde a la presión de una iniciativa de la sociedad civil que reunió más de 700.000 firmas a favor de una regularización.

Las críticas provienen principalmente de partidos conservadores y de derechas, que acusan al Ejecutivo de eludir al Parlamento y de crear un posible “efecto llamada”. El Gobierno rechaza estas acusaciones y subraya que el decreto está claramente limitado y vinculado a fechas de corte estrictas.

Contexto europeo

Con esta decisión, España adopta una vía distinta a la de muchos países europeos vecinos, que en los últimos años han endurecido sus políticas migratorias. Observadores interpretan el decreto como una señal política: integración en lugar de irregularidad permanente, combinada con un intento de gestionar la migración mediante regulación y no únicamente desde una perspectiva de seguridad.

Conclusión

El decreto español para la regularización de migrantes en situación irregular marca un cambio significativo en la política migratoria europea. Si será recordado como un modelo pragmático de integración o como un riesgo político solo podrá evaluarse en los próximos años.

Por Okay Altinisik | 28-1-2026, 11:58:37